El PA echa mano de las estadísticas del IEA para denunciar tal situación

El Partido Andalucista (PA) de Granada ha denunciado públicamente que 35 de los 168 municipios con que cuenta la provincia tienen una tasa de paro superior al 50% de su población activa, medido en términos de EPA. Y lo que es aún más grave: de los 71 municipios andaluces que alcanzan tal porcentaje, la mitad son granadinos. Unos datos que, según el PA, constan en el último informe del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA), en el capítulo que este organismo de la Junta dedica a los pueblos y ciudades de toda la geografía regional y en el que se analizan sus datos básicos, entre ellos el del desempleo.

En la relación de los pueblos hecha pública por el PA y extraída del IEA, aparecen algunos con cifras de auténtico escándalo. Tal es el caso de Alicún de Ortega, con un 87,3%; Pedro Martínez, con el 77,1%; Huélago, con el 76,4%, Zagra, con el 75,7% o Gorafe con el 70%.

Junto a datos tan devastadores, el PA ofrece otros también destacables. Como es que ninguno de los citados 35 municipios alcance la media de la renta regional y que 23 de ellos, incluso, no lleguen al 50% de la misma. Para Juan Carlos Benavides, secretario provincial del PA, «estos datos demuestran que las políticas tan cacareadas de solidaridad interterritorial no existen», puesto que si se dieran no se podrían justificar diferencias «tan abismales entre unos municipios y otros», apunta Benavides en una nota hecha pública por su partido.

Un varapalo para la reflexión

A parte de las consideraciones políticas, el vergonzoso dato debería cuanto menos suscitar de los titulares del consistorio, un profundo análisis de la situación socio-económica del municipio, con el objeto de encontrar una vía que saque del pozo del desempleo y la pobreza a los sufridos habitantes de hecho y algunos, no tan sufridos, de derecho de Huélago. Los gobernantes, alcalde y concejales, no pueden dar la espalda a esta insostenible situación sino que deben de comenzar a trabajar muy duro proponiendo, promoviendo e incentivando proyectos de inversión que acaparen la atención de las arcas públicas (Diputación, Junta de Andalucía, Fondos Europeos…) o privadas, y a la vez, desincentivar la política del subsidio de la que gran parte de la población de derecho sabe sacar buen provecho.